‘Gracias a Infancias Compartidas comprendí qué es un padre obstructor‘
La referente de la organización argentina plantea que en la provincia hay problemas que datan de hace seis años.
‘Notamos que existen mecanismos de desvinculación, por ejemplo, ante denuncias que no se comprueban y tampoco existen medidas para quien formuló una falsa denuncia. Y que la justicia termina fortaleciendo con alto costo para las personas‘, indicó a NORTE María José Kiszka.

Acción sistemática
Ella llleva tres años de desvinculación con sus hijas que eligieron vivir con el papá y desde ese momento no volvieron a verse en persona. ‘Fuimos a varias instancias judiciales porque necesitaba saber cómo estaban, dónde vivían y todo eso se me fue negando sistemáticamente‘, narra.

"Gracias a la organización Infancias Compartidas comprendí qué es la figura del padre obstructor (o la madre obstructora), que opera fuertemente para impedir el vínculo de los hijos con la expareja. También menciona la figura del hijo rehén, que se da en parejas que se separan y no se logra resolver la tenencia compartida.
Sin acampe
Kiszka aclara que en la oenegé nacional a la que representa no participa en el acampe frente a juzgados de familia. En Infancias Compartidas, no se está de acuerdo con esas formas de reclamo. "Quienes acampan son integrantes de Padres Autoconvocados", dice al mismo tiempo que repara que no hay rivalidades ni enfrentamientos; sino que al contrario tratan de coordinar el trabajo y apeló a ser solidarios con ellos.
Además valora haber recibido contención, información y posibilidad de llevar mejor su lucha. "A mí me asisten varias instituciones y sin embargo ninguna me dio las herramientas para reclamar ante un juzgado que encontré en Infancias Compartidas", dice.
Denuncia por amedrantamiento
A partir de una causa que acusa a Daniel Lezana de amenazar a una funcionaria judicial, el abogado responde con versión diferente.
Al hombre que reclama revincularse con su hija (de la que se separó hace un año y ocho meses) se lo investiga por gritar que le iba a prender fuego a la casa de la jueza. Aunque Lezana lo niega hoy debe acatar una medida de restricción.
Él señala que la jueza lo llamó de manera privada y pretendió presionarlo para que deje de manifestarse. Por el hecho el abogado Daniel Paniagua adelanta: "Lo vemos como un hecho de suma gravedad institucional que alguien le diga ‘mirá que tengo tu causa’; estamos analizando hacer una denuncia penal por amedrentamiento y también una presentación ante el consejo de la magistratura para que se tomen cartas en el asunto y se sancione esa conducta".
De gravedad
"Es irrazonable que una persona no pueda ver a su hijo después de un año y ocho meses o más tiempo. Que un juzgado de familia, que es el encargado de resolver estas cuestiones, no pueda hacerlo es de suma gravedad", señala Paniagua.
Retoma lo hablado en la reunión con autoridades del gobierno, donde otro hombre reprodujo un audio en el que su hijo pedía al tío que haga algo para poder volver a ver a su papá, con que tiene interrumpido el vínculo hace tres años.
"Un juzgado que burocratiza no está entendiendo la gravedad que reviste para los ciudadanos, los judiciables. El reclamo autoconvocado no es la vía institucional ni procesal pero se da porque las personas ya no tienen más herramientas; tampoco los abogados pese a que hacemos innumerables presentaciones. Hay decisiones preventivas que se pueden tomar convocando a las partes, contemplando el interés del niño, el mantenimiento del contacto, alimentos y cuestiones básicas que se pueden acordar", ejemplificó.
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